Investigadores de RETRIA han participado en el Congreso Internacional Biometría, Derecho Administrativo y Datos, un encuentro que, durante dos días, ha contado con la participación de dieciocho ponentes de Francia, Italia y España para analizar los retos éticos y legales que plantea el uso de la biometría en un contexto de rápida evolución tecnológica y para explorar su vinculación con el derecho administrativo y la protección de datos personales. Casi un centenar de personas han asistido a las sesiones, en las que se ha profundizado en cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial y los sistemas biométricos y el análisis comparado de normativas, así como en la protección de los derechos de la ciudadanía.
La biometría consiste en la identificación precisa de las personas a través de sus rasgos físicos, como huellas dactilares, retina, iris o características faciales, o de aspectos conductuales, como la firma o la manera de caminar. Estas características son exclusivas y distintivas de cada individuo, lo que permite su uso en la verificación de identidad. Dada su dificultad para ser falsificadas o replicadas, las características biométricas han adquirido un papel fundamental en los sistemas de seguridad y control de acceso. Actualmente, se emplean en soluciones como la autorización de entrada a edificios, el desbloqueo de dispositivos electrónicos, la validación de identidad en trámites administrativos y los sistemas de autenticación bancaria.
Sin embargo, el uso de la biometría plantea desafíos importantes relacionados con la privacidad y la protección de datos, ya que implica la recopilación y almacenamiento de información altamente sensible. Por esta razón, es crucial gestionar estos datos con sumo cuidado para asegurar el respeto a los derechos individuales y prevenir posibles abusos o vulneraciones de la privacidad. Esta preocupación ha impulsado un amplio debate sobre su regulación y aplicación ética, lo que la convierte en un tema de interés para el ámbito jurídico y tecnológico.
El congreso ha sido organizado por el grupo de investigación Administración Pública de la UPNA en el marco del proyecto Biometría, Derecho Administrativo y Datos-BIODATA, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y los fondos FEDER “Una manera de hacer Europa”. Además, han colaborado la empresa Veridas y el Gobierno de Navarra.
Fuente: UPNA